En octubre del 2008, en el Perú estalló un escándalo de proporciones que involucró de manera directa a funcionarios del más alto nivel de empresas públicas del sector hidrocarburos, miembros del partido de gobierno y a una empresa petrolera. El caso que comprometió a la empresa petrolera noruega Discover y que devino en el escándalo de los denominados petroaudios, no solo se trajo abajo a todo un gabinete de ministros, sino que también puso en evidencia la manera como operan algunos en el mundo de los negocios y las inversiones.

La lucha contra la corrupción en el sector extractivo La Iniciativa para la Transparencia en el Sector Extractivo (EITI por sus siglas en inglés), es un acuerdo internacional suscrito por gobiernos, empresas extractivas, y redes de sociedad civil, para hacer transparentes los pagos que dichas empresas hacen a los gobiernos, buscando así reducir los márgenes de posibles actos de corrupción en el sector, además de que todos los interesados participen de manera informada en los debates sobre políticas públicas. El Perú se adhirió al EITI en el 2004, y en el 2006 formalizó mediante un Decreto Supremo la existencia de una Comisión Nacional y de un Plan de Acción. En los últimos meses el debate en esta Comisión se entrampó en un tema crítico. La sociedad civil propuso dos cosas: que el Reporte haga pública la información desagregada (empresa por empresa) y que cada empresa detalle cómo aplica las exoneraciones tributarias que se negocian en los contratos respectivos. Las empresas se opusieron a ambas propuestas. El Ministerio de Energía y Minas apoyó la primera propuesta, pero consideró que la segunda de ellas era inviable. Con la opinión en contra de la sociedad civil, la Comisión Nacional acordó que el Reporte hará pública la información agregada de todas las empresas participantes y, en un segundo capítulo, contendrá la información desagregada de aquellas empresas que así lo autoricen. Sin embargo, hasta hace muy poco el proceso se hallaba nuevamente empantanado por un problema imprevisto: participar en el EITI es un acto voluntario, y resulta que solamente 75% de la producción minera estaba representada en el Reporte. Peor era la situación en el sector hidrocarburos, pues allí PlusPetrol -la principal empresa del sector- no se había incorporado. Felizmente, a última hora PlusPetrol decidió integrarse por lo que ahora la mayor parte de la producción de hidrocarburos estará incluida en el reporte. Pero la gran limitación del proceso es que la mayor parte de las empresas se han acogido a la opción de difundir – presentar la información de manera agregada. Es decir, sabremos cuanto recibe el Estado de parte del sector minería y del sector hidrocarburos, pero –en la mayor parte de los casos– no sabremos cuanto recibe de cada empresa. Ahora bien, el faenón de Rómulo León y Alberto Quimper hizo que el país desplazara su atención de los pagos de las empresas al Estado, a la manera como el Estado negocia contratos con las empresas. Incluir los contratos en el EITI sería una manera de ampliar el ámbito de la transparencia en este terreno, facilitando que “todo el mundo” se entere de quién tiene qué contratos, cómo los consiguió y qué contienen. Finalmente, la lucha contra la corrupción en el sector de las industrias extractivas debe de incluir también una mayor transparencia en la implementación de los diversos instrumentos existentes que buscan asegurar que la actividad extractiva no dañe el ambiente. ¿Quién hace los estudios de impacto ambiental? ¿Con qué criterio los evalúa y aprueba el MEM? ¿Quién supervisa y cómo el cumplimiento de los estándares ambientales? Toda esta información debiera ser de amplio conocimiento para todos los interesados y para la opinión pública. Incluirla es parte de los retos futuros del EITI en el Perú. Más información en: www.eitransparency.org

Otro caso importante fue el de la empresa minera Volcan, que luego de un proceso lleno de irregularidades terminó siendo favorecida por un beneficio tributario que no le correspondía y que significó una pérdida para el Estado peruano de 22 millones de dólares. Luego de una investigación realizada por la congresista Gloria Ramos, el Ministerio de Energía y Minas tuvo que retroceder y declarar nulo todo lo actuado en este caso, comprometiéndose además a iniciar un proceso administrativo a los funcionarios implicados.

¿POR QUÉ EN LA MINERÍA HAY TANTA CORRUPCIÓN?

En el caso de Majaz, ante la resistencia de los campesinos a la mina, decenas de ronderos fueron secuestrados y torturados en presencia de un fiscal, que en vez de acusar los delitos, los encubrió. Varios de los agraviados, junto a profesionales de ONGs que colaboran con los ronderos, fueron acusados de terrorismo. La justicia del lado del billetón.

¿Por qué tanta corrupción en las industrias extractivas? En primer lugar porque han estado en una fase expansiva y en una carrera sin precedentes en nuestro país.

En segundo lugar porque enormes consorcios de talla mundial, con un gran poder económico, terminan negociando con Estados débiles, como el nuestro, carentes de capacidades e institucionalidad adecuada.

Las situaciones de corrupción se pueden presentar de manera abierta y descarada, pero también pueden ser mucho más sutiles. Estos últimos, aceptados hoy en día por los usos y costumbres en el mundo de los negocios y la política, implican por ejemplo, la cercanía permanente de funcionarios de las empresas privadas con los políticos de mayor influencia, mediante la usual contratación en esas empresas de militantes de los partidos de gobierno, que jugarán un rol de bisagra entre el mundo de los negocios y el poder político, lo que implica toma de decisiones y pago de favores. ¿Es acaso casualidad que un hermano de Meche Cabanillas sea gerente en Minera Yanacocha?.

PUERTA REVOLVENTE

También se permite que personal de confianza o asesores de empresas mineras y de hidrocarburos, pasen de la función privada a la pública, Palabra de escritor lo que siembra dudas sobre cómo se mezcla y se defiende el interés público en medio de fuertes presiones de los grupos privados: es el caso, por ejemplo, de un ex jefe de la Dirección General del Ambiente del Ministerio de Energía y Minas, que luego de aprobar una modificación al Programa de Manejo y Adecuación Ambiental de La Oroya, pasó a trabajar a Doe Run, empresa que precisamente opera el complejo metalúrgico en esa localidad y que hasta ahora no cumple con sus obligaciones ambientales.

Lo cierto es que en el Perú se necesita un verdadero shock de transparencia en los temas financieros, en los contratos que se firman, en los temas ambientales y en las concesiones mineras y de hidrocarburos que se entregan sin ningún tipo de control en todo el territorio nacional y en la manera como se regula y fiscaliza.