La “Vía Expresa del Callao” en la avenida Faucett es materia de un “vladivideo” donde Montesinos habla del otorgamiento de la buena pro. José Francisco Crousillat, que cobraba millones por vender los noticieros del canal 4 a la dictadura, pregunta: “¿cuál es el negocio?”. Alex Kouri responde: “El peaje, pues”. En efecto, en los años posteriores los peruanos pagamos cerca de 35 millones de dólares por peaje, sin que se hiciera obra alguna que lo justifique.

LAS IRREGULARIDADES

De acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, la Municipalidad Provincial del Callao, entonces a cargo de su alcalde Alexander Kouri Bumachar, a la fecha de convocatoria del Concurso Público (21 de junio de 1999) para la entrega en concesión del diseño, construcción y explotación de la Vía Expresa del Callao, no contaba con las atribuciones y competencia para emitir dicho acto administrativo. Esta competencia correspondía a la PROMCEPRI (ahora PROINVERSION).

Ese mismo mes empezaron a moverse los hilos del negocio para que fuera altamente rentable. En ninguna parte del mundo se cobra peaje en calles de la ciudad. Nunca antes se había cobrado peaje en una avenida de Lima. Por eso, para justificarlo, tuvieron que decir que la avenida Faucett no era una calle de la ciudad, sino parte de la Panamericana Norte, como si estuviera fuera de los límites de Lima Metropolitana. Así, el entonces ministro fujimorista de Transportes y Comunicaciones, Alberto Pandolfi, emite la Resolución Ministerial 276-99-MTC-15.02, que incorpora la avenida Elmer Faucett a la carretera Panamericana, por tanto, a la Red Vial Nacional, permitiéndose con ello el cobro de peaje.

El siguiente paso fue convocar a un Concurso Público de Proyectos Integrales. Lo ganó un consorcio que tiene como uno de los accionistas principales a Roberto Dall’orto Lizarraga, sobrino del que fuera Presidente del Comité de Concesiones del Concurso Público para la ejecución de la Vía Expresa Callao, ingeniero Augusto Dall’orto Falconi, quien meses después se convertiría en suegro del ex Alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, Alexander Kouri. ¡Qué coincidencia!

Uno de los requisitos de este Concurso era que las empresas postulantes cuenten con un capital social mayor a de S/. 42’000,000. Sin embargo, al término del plazo para suscribir el Contrato de Concesión, marzo del 2000, la empresa concesionaria peruano-argentina, conformado por Concesiones Perú S.A.C, CCI Construcciones S.A. Sucursal del Perú y CCI Concesiones S.A. (que posteriormente se constituirían en Convial Callao S.A) se encontraba imposibilitado para suscribir dicho contrato, pues no contaba con el capital social mínimo requerido.

Filmado El peaje de la Av. Elmer Faucett fue un negocio ilícito que nació en la década de la corrupción, precisamente, en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Así lo confirma un vladivideo filmado en la misma salita en la que todos los peruanos vimos a Vladimiro Montesinos pagando fajos de dólares a Alberto Kouri, el hermano de Alex Kouri entonces congresista elegido por la oposición, para pasarse a las filas del fujimorismo.

En ese momento, el municipio del Callao en vez de convocar a una nueva licitación, postergó hasta en seis oportunidades –por más de 10 meses– la firma del contrato, tiempo que le permitió a la empresa concesionaría obtener mayor capital social. Esta empresa, como hemos visto, tenía como uno de sus socios al sobrino del presidente del Comité de Concesiones, a su vez suegro de Alex Kouri. En esos diez meses el consorcio pasó de tener un millón a tener doce millones de soles de capital social, siendo el capital exigido en el contrato de 42 millones de soles. Aún no cumplía los requisitos legales, pero igual se le permitió firmar el contrato de concesión.

Las irregularidades no acabaron allí. Luego de suscrito el contrato, se hicieron siete adendas (modificaciones) que desnaturalizaron por completo el proyecto original: los requisitos originales se fueron diluyendo con el tiempo. Con ello se permitió extender el plazo de ejecución de las obras de 24 hasta casi 60 meses, y se permitió el cobro de peaje, que sólo debía hacerse una vez culminadas todas las obras, con un avance de las mismas del 21%, menos de una quinta parte.

Pero ¿acaso se han avanzado 21% de las obras? Ni siquiera hay informes validados por el Municipio del Callao que confirmen eso. Igual se les permitió cobrar peaje durante más de tres años.

Superan los mil días, los que los chalacos, limeños y peruanos hemos estado obligados a pagar por ese peaje. Así, se impuso la cobranza más cara del mundo: un sol cincuenta (medio dólar) por apenas un kilómetro y medio de recorrido, siendo los estándares internacionales de US$ 1,50 por cada 100 kilómetros.

LA CONTRALORÍA ENCUENTRA RESPONSABILIDADES

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en los siguientes pasos: concesión y construcción de la cuestionada vía en el contrato firmado entre Kouri -entonces alcalde del Callaoy Convial Callao S.A. Al respecto, la Contraloría ha encontrado que las sucesivas modificaciones al contrato original podrían deberse a una colusión entre Kouri y Convial.

Por este hecho irregular, Alex Kouri, actual presidente regional del Callao, fue denunciado por la Contraloría General de la República a nombre del Estado.

La denuncia de la Contraloría considera los delitos de usurpación de funciones, omisión de actos funcionales y aprovechamiento indebido del cargo. Asimismo, en agosto de 2008, el fiscal anticorrupción Oscar Zevallos solicitó al Poder Judicial ordenar el embargo preventivo de los bienes del presidente regional del Callao, 20 funcionarios ediles y de un grupo de representantes de la empresa Convial, todos comprendidos en la denuncia fiscal por este caso. La denuncia se basó en informes de la Contraloría General de la República, Sunat, Superintendencia de Banca y Seguros y de la Policía Anticorrupción.

Contraloría recomendó, entonces, en aras del derecho de los usuarios y la comunidad en general lo siguiente: nulidad de contrato de concesión; la búsqueda de nuevas y mejores condiciones de contratación y la suspensión del cobro del peaje, en tanto se resuelva la controversia.

Este caso conllevó a una serie de reclamos y protestas de la ciudadanía. Finalmente, un fallo judicial dejó sin efecto la cobranza y el funcionamiento de la empresa. Pero queda muy claro -ante los hechos evidentes- que el cobro del peaje favoreció a una empresa de un familiar de Alex Kouri, político ligado al fujimorismo y al presidente Alan García. El actual Vicepresidente, Luis Giampietri, pertenece al movimiento político de Kouri.

El juicio que se ventila en el Poder Judicial contra los presuntos responsables evidencia que hay sobradas razones de sancionar a los implicados de este caso. La pregunta que se hacen los peruanos ante tantas influencias de impunidad es, ¿será otro juicio intocable de la clase política que gobierna el país?