A pesar de contar con diversos instrumentos, mecanismos e instituciones de control, fiscalización y supervisión de las instituciones públicas del Estado, los actos de corrupción no han dejado de existir en pequeña y gran escala en los distintos niveles de gobierno. La pregunta que siempre nos hacemos es por qué el ejercicio de la función pública va por un carril distinto a la responsabilidad ética. Cuando lo público se piensa y se ejerce como un bien privado, estamos frente a una gestión pública irresponsable y corrupta, porque se apropia de aquello que nos pertenece a todos. Es urgente contar con un Pacto Ético contra la corrupción que involucre el compromiso real de los distintos actores sociales, económicos y políticos del país, y que los ciudadanos y ciudadanas estemos comprometidos con exigir su cumplimiento. Al respecto sugerimos algunos criterios: