ESCRIBE FERNANDO EGUREN

Durante el siglo XIX los países europeos requerían de materias primas para abastecer su nueva pero pujante industria. Los medios para asegurarse el acceso a estos recursos iban desde la explotación colonial directa hasta relaciones comerciales semicoloniales. El Perú se ubicó como uno de los países que organizaron su economía alrededor de esta demanda.

Salvo durante un corto período el que se intentó desarrollar una base industrial (1958-1980), el país ha continuado siendo principalmente un proveedor de materias primas. En esto han jugado un papel importante las políticas económicas neoliberales. El Perú se ha ido distanciando de la posibilidad de un real desarrollo económico sustentado en actividades económicas de transformación, que agregan cada vez más valor, y que hoy día están basadas no solo en la industria sino en la producción y gestión del conocimiento.

En la mente del presidente, además, esta propuesta está indisoluble y exclusivamente ligado a la gran propiedad y la gran inversión. Propone, entonces, la masiva transferencia de los recursos de pequeños agricultores y de comunidades campesinas y nativas (alrededor de un tercio del total de las familias del país), a los grandes inversionistas, pues no pueden poner en valor sus recursos.

Veamos. ¿Qué dice el presidente de los pequeños agricultores (que son la inmensa mayoría y que poseen el 75% de las tierras irrigadas y el 62% de las tierras de cultivo de secano del país):

“…hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir, entonces aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnología de riego y además precios protegidos.”

¿Y qué dice el presidente de las comunidades campesinas (que son más de 6 mil y que abarcan alrededor del 40% de las tierras agropecuarias,

“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales… (…) sus habitantes viven en la extrema pobreza …esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.

Según el presidente, los campesinos mantienen sus

“… tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero...” Ignorantes y mendicantes: ese es el concepto que tiene el presidente de la población rural. No merecen siquiera ser propietarios: “su propiedad es aparente”, sentencia.

No extraña, entonces, que el gobierno facilite la transferencia de tierras comunales a empresas privadas y aún de confiscar las tierras que el propio Estado califique como eriazas ( DL 994, sabiendo que hay miles de hectáreas de las comunidades que no pueden ser cultivadas por falta de agua (pero que, irrigadas con inversiones provenientes de dineros públicos, serán transferidas a quienes tengan gran capacidad de inversión).

La concentración de las tierras agrícolas

Ahora tenemos ocho meses para adecuar al TLC. El tema de los perros de hort... digo los agricultores y los estandares laborales de los malnacid... digo de los trabajadores.

Ampliar

La concentración de la propiedad está en marcha desde la década pasada pero con más intensidad en la presente década a través de por lo menos cinco procesos. La ampliación de la frontera agrícola en la costa. La modificación de la política de acceso a las nuevas tierras irrigadas ha permitido la formación de modernas empresas agrarias de gran extensión, particularmente en la costa norte. La frontera agrícola en la selva no sólo es abierta por colonos provenientes de la sierra, sino también por grandes adquisiciones de tierras a precios muy bajos.

La concentración vía el mercado de tierras. Puede distinguirse diferentes situaciones: la compra de tierras de pequeños agricultores por empresas agroexportadoras; el arrendamiento de tierras por las mismas empresas; la adquisición de grandes empresas agrarias por otras empresas agrarias, notablemente el caso de los complejos agroindustriales azucareros. La conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas. Lo notable aquí es la transferencia de decenas de miles de hectáreas de propiedad de las cooperativas agroindustriales azucareras – cuyos propietarios eran los propios trabajadores – a inversionistas particulares.

Denuncios y concesiones.

Los denuncios y concesiones mineras se extienden particularmente sobre tierras de comunidades campesinas en casi todos los departamentos andinos. Los denuncios y concesiones de otras industrias extractivas (petroleras, gasíferas, madereras) en la cuenca amazónica, se extienden sobre millones de hectáreas.

La producción de biocombustibles.

Los estímulos a la producción de biocombustibles están incentivando la formación de grandes plantaciones principalmente de caña de azúcar en la costa y palma aceitera en la selva alta. La paradoja es que, frente al incremento reciente de los precios de los productos alimenticios de origen agrícola, y en contra de las políticas agrarias del presidente García, el mundo está volviendo los ojos hacia la pequeña agricultura. Incluso la liberal revista inglesa The Economist en su edición del 17 de abril afirma tajantemente que idealmente, la respuesta de mayor oferta de alimentos para enfrentar este problema debería venir de los pequeños agricultores de los países en desarrollo por tres razones: porque reduciría la pobreza (dado que buena parte de los pequeños agricultores son pobres); protegería mejor el medio ambiente; en tercer lugar, sería eficiente en términos de rentabilidad por inversión, dado que están lejos de haber logrado su productividad óptima.

Pero para que esto fuese posible en nuestro país, el presidente debería dejar de pensar que sólo los perros de presa salvarán el Perú.