Tres campesinos
fueron asesinados  por la Policía durante febrero pasado en Ayacucho y Barranca. Siete personas fueron detenidas y sometidas al tratamiento reservado a los terroristas sentenciados, por haber participado en una reunión en la Universidad Salesiana de Quito. Treinta y cinco defensores del medio ambiente son procesados por supuesto terrorismo en Piura. Una manifestación de homosexuales es reprimida violentamente. Bares, cafés y centros culturales en el centro de Lima son allanados por la autoridad. Las ONG, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica son expulsadas del Consejo de Derechos Humanos por el Ministerio de Justicia.
Este es el panorama que en materia de derechos humanos se vive durante el segundo gobierno de Alan García. Algunos lectores señalarán que se viene pareciendo cada vez más al primer gobierno, pero existen algunas características que lo acercan también al régimen de
Alberto Fujimori. PROMESAS ROTAS Desde que asumió el mando en julio del 2006, García mostró una proximidad aún mayor que Toledo hacia los grupos de poder económico. Especialmente a las empresas mineras y petroleras, llegando a calificar a las organizaciones sociales con planteamientos en defensa del medio ambiente o derechos sindicales o contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos como “enemigos de la patria”. La profundización del modelo económico neoliberal beneficia actualmente a la cuarta parte de los peruanos… y genera profundo descontento en el resto. De esta forma, las protestas sociales se hacen cotidianas contra un
régimen que señalaba que promovería “un cambio responsable”.
Frente a estos hechos el gobierno reacciona con marcado autoritarismo. Inicialmente fracasaron sus intentos de reintroducir la pena de muerte, pero
en lo que va del régimen entre quince y dieciocho personas han fallecido por acción de las fuerzas de seguridad. La mayoría de muertes ocurrió desde que Luis Alva Castro, dirigente de larga trayectoria en el partido gobernante, asumió el Ministerio del Interior. Aunque algunos de estos casos podrían considerarse como típicos excesos policiales, es revelador que la mayoría se deban a la represión indiscriminada hacia las movilizaciones populares. Las muertes de los campesinos Emiliano García, Rubén Pariona y Julio Rojas, producidas en el mes de febrero, ocurrieron por disparos hacia la cabeza de las víctimas, lo cual demostraría una intencionalidad directa porque se produjeron en regiones muy distintas. Cabe señalar que el Presidente García inicialmente
felicitó el accionar de las fuerzas policiales, y luego se pretendió responsabilizar a los propios campesinos.
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No entiendo a esta gente. Uno los trata con cariño. Les dice maestros comechados,parásitos que estiran la mano, ambientalistas agitadores, burócratas indolentes, vecinos llorones, perros rabiosos, periodistas de malaguero, ! Y mira cómo me pagan! |
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Este peligroso panorama coincide con la restricción de otros derechos fundamentales: la Policía Nacional impide toda manifestación “no autorizada”, en clara violación a la Constitución, reprimiendo violentamente a dirigentes sindicales, estudiantes y activistas antitaurinos. Emisoras y canales de televisión al interior del país que transmitían información contraria al régimen
son clausuradas. Las detenciones arbitrarias de manifestantes, dirigentes sindicales, líderes campesinos e indígenas se han vuelto frecuentes, tanto en Lima como en muchos lugares del Perú. Las instituciones ligadas al medio ambiente, como
Grufides en Cajamarca y Fedepaz en Lima, enfrentan seguimiento, interceptación de sus comunicaciones y campañas de difamación que el Poder Judicial permite. Simultáneamente, en el caso de Majaz (Piura), los mismos campesinos cuyas tierras han sido usurpadas por una empresa minera china han sido acusados por terrorismo. LEYES PARA PODER PERSEGUIR
En medio de este panorama, el 22 de julio del 2007 el gobierno promulgó
once Decretos Legislativos, anunciados como un mecanismo eficaz para
luchar contra el crimen organizado. En realidad, el examen de estas normas refleja la intención de reprimir las movilizaciones sociales que en los últimos meses se han producido.
La Policía Nacional impide toda manifestación “no autorizada”, en clara violación a la Constitución.
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En efecto, las protestas sociales pasan a ser consideradas “delito de extorsión”, con penas de hasta 25 años por bloquear una carretera. Las autoridades
políticas que apoyen las huelgas corren el riesgo de ser inhabilitadas y procesadas penalmente.
Los policías pueden detener a una persona sin orden judicial aún después de 24 horas de cometido un supuesto delito, en total distorsión a la noción
de flagrancia que requiere una situación de inmediatez. Para justificar una detención se señala que la policía podrá emplear testigos, lo cual podría
generar casos de manipulación que ya existen en el momento actual.
Inclusive, se dispone que aquellos militares y policías que con sus armas de reglamento asesinen o hieran a ciudadanos en el “cumplimiento del deber”
sean considerados inimputables por el Poder Judicial. Debe señalarse que para muchos uniformados la frase “cumplimiento del deber” significa simplemente
seguir las órdenes del superior.
La situación es mucho más grave porque existen mayores facultades para detener e incomunicar personas, restringiendo el rol de los fiscales para evitar los abusos policiales. De criminalización de la protesta se pasa a legalizar los crímenes contra quienes protestan. Estos decretos generan una fuerte vulnerabilidad sobre los derechos humanos de los peruanos, exponiéndolos a mayores posibilidades de abusos policiales y violaciones de sus derechos, que pasan a ser legalmente impunes, incluyendo el homicidio.
PAPEL DE LOS MEDIOS
Compitiendo con Lay Fung
Hace poco menos de dos años Lima se vio conmocionada ante la noticia de un perro guardián que mató a un delincuente, luego que éste entrara a la propiedad ajena. Como muchos recordarán, el caso de Lay Fung despertó un amplio debate sobre si el animal debía o no ser sacrificado por la muerte a una persona. De un lado se afirmaba que el can solo cumplía con su trabajo (resguardar la playa de estacionamiento) y que la muerte del delincuente era consecuencia del cumplimiento de su labor (la defensa de la propiedad de su amo). De otro sector se firmaba que no se podía permitir que un perro mate a un humano (al margen de su condición). La opinión casi mayoritaria fue en defensa del famoso can. Finalmente Lay Fung fue sacado de la perrera municipal. Afuera lo esperaban miembros de la Policía Nacional. Así, Lay Fung no sólo se había salvado, sino que había conseguido trabajo en la Unidad Canina de la PNP. Sin embargo, tanta buena suerte debía que tener un límite. Así como los Caballeros Jedi tienen a los Siths, Neo al Agente Smith o en términos locales la U al Alianza, Lay Fung tiene ahora a su Némesis. Desde noviembre de 2007, el Presidente Alan García ha presentado al adversario del famoso can: el Perro del Hortelano. (CAA) |
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Algunos medios de comunicación alimentan el temor de la población a
una supuesta “ofensiva terrorista”, y pretenden desacreditar a todos los que discrepan
con el modelo económico. Para dichos medios, se trata de agentes subversivos bajo financiamiento externo, mientras se usaban las citas cumbres internacionales como pretexto para incrementar más medidas de seguridad y justificar medidas autoritarias.
La prolongada detención de una estudiante y varias mujeres de avanzada edad y enfermas, acusadas de pertenecer a una red de terrorismo internacional
sin ninguna prueba es parte de la búsqueda del régimen de encontrar chivos expiatorios. Al mismo tiempo estos hechos permiten amedrentar a los sectores opositores.
Lejos de otorgar más seguridad a la población, estas medidas terminan generando descrédito en amplios sectores, como los campesinos ayacuchanos
que han visto a sus compañeros morir a manos de la policía, la población de Huancayo, preocupada por las tres señoras arbitrariamente detenidas, o los campesinos de Piura que son víctimas de las acusaciones de terrorismo.
Con diversas organizaciones sociales, como la CGTP, CCP y CONACAMI,
APRODEH ha sustentado la inconstitucionalidad de estos decretos con más de 5,000 firmas ciudadanas, pero la criminalización de la protesta social viene teniendo expresiones mucho más amplias que deben ser enfrentadas.
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