Nada menos que 15 millones de hectáreas están otorgadas en concesión a empresas mineras. Es decir, se trata de áreas reservadas en las que una empresa tiene, con exclusividad, el derecho a explorar y, si encuentra mineral, a explotarlo tras obtener los permisos correspondientes.
Pero apenas 5% de toda esa superficie está en exploración o producción. El 95% solo está “separadito”, “guardado” para más tarde. Por si acaso, las cifras son del ministro del sector.
El Presidente García en su artículo "El perro del hortelano" nos contó que si las comunidades campesinas vendieran sus tierras “en grandes lotes, traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. Pero resulta que mediante las concesiones mineras esas tierras ya tienen lo que es muy similar a una propiedad privada sobre los recursos del subsuelo: sólo las empresas que tienen la concesión tienen derecho a explotarla, y nadie más. Pero solo se explora el 5% de las tierras, la veinteava parte.
CRITERIOS DE LA ENTREGA
Más de 14 millones de hectáreas están concesionadas sin que se esté realizando ninguna exploración en ellas. Es decir, en la mayor parte del país ¿quiénes son los dueños que no comen ni deja comer? ¿Quiénes han separado millones de hectáreas de subsuelo para sí pero no les dan una utilidad social? Las empresas mineras, evidentemente con el fin de especular con ellas, esperando pacientemente que esos derechos sobre el subsuelo se valoricen con descubrimientos aledaños, alzas de precios de metales o desarrollo de nuevas tecnologías.
El gobierno ha decidido poner un plazo de doce años para explorar y poner en marcha una concesión minera. Quieren acelerar la inversión aún cuando la injusticia social en la minería, con las sobre ganancias mineras, las subcontratas y services abusivas, la contaminación ambiental y la falta de respeto a los campesinos y comuneros que viven en el entorno, se mantienen en muchos lugares. Quieren que los negocios se hagan rápido mientras ellos están en el gobierno, para poder sacar provecho de ello.
Pero la pregunta de fondo es ¿por qué bienes que pertenecen a toda la nación, como los minerales, han sido
privatizados, entregados en exclusividad a empresas mineras por el simple hecho de que ellas dijeron “nos reservamos este pedazo de tierra”? ¿Bajo qué criterio se ha entregado esos terrenos a unos y no a otros que podrían trabajarlos mejor?
Esta propiedad pública debe aprovecharse de acuerdo a un plan estratégico y con participación ciudadana, respetando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, decidiendo qué partes del territorio deben abrirse a la actividad minera, cuándo y cómo.
Es recién en ese momento, como se viene haciendo con los lotes petroleros, que esos territorios deben poder ser entregada a privados, totalmente o en asociación con el Estado, para que empiecen la exploración que permitirá su aprovechamiento. Pero de manera transparente y competitiva: mediante licitaciones públicas. Así, el que esté dispuesto a pagar más se queda con el derecho y el Estado logra mayores recursos. También debe obligarse a las empresas privadas a entregar la información generada al Estado, generándose así una base de datos que permita un mejor aprovechamiento de nuestros recursos.
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