Tres grandes factores articulan la producción cocalera en el área andino amazónica: el consumo, la producción y el tráfico de drogas. Pero, las Convenciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intentan combatir la droga atacando solamente un aspecto: la oferta, como si no existiera ni consumo ni tráfico. Así, el prohibicionismo fundamentalista impuesto por los EEUU en los organismos internacionales se basa en la idea que el problema de las drogas “es externo a ellos”, viene “de afuera de sus fronteras”, y por consiguiente, no es parte de “lo interno norteamericano”. Esta estrategia de control de la oferta busca tres objetivos:

1. que el precio de la drogas en calles norteamericanas sea cada vez más alto, para afectar el bolsillo de los consumidores y así disminuir el consumo;
   
2. que la calidad de la droga sea cada vez peor, con lo que se afecta la salud de los consumidores inhibiendo su consumo; y,
   
3. que al circular menos droga, mejore la seguridad ciudadana al eliminarse micro-comercializadores.
   

En esta concepción, lo interno, es decir la demanda norteamericana, brilla por su ausencia.

Como el problema sería de oferta y no de demanda, tres políticas definen la estrategia internacional promovida por el Gobierno de los Estados Unidos, y los organismos internacionales.

1. prohibir el consumo penalizando, persiguiendo y aplicando la ley a consumidores y micro-comercializadores;
   
2. erradicar cultivos fumigando y/o con métodos manuales como condición previa para promover “desarrollo alternativo”; y,
   
3. militarizar ciudades, territorios y países completos para incautar drogas, apresar “narcotraficantes” y combatir al “narcoterrorismo”.
   

FRACASO ANUNCIADO

Las tres políticas que acompañan esta estrategia, han sido un fracaso anunciado desde que en 1974 el Presidente Richard Nixon de los Estados Unidos lanzara la llamada “guerra contra el flagelo de las drogas”.

Mientras tanto, en los últimos meses, tres hechos nacionales muestran que esta estrategia yerra tanto que empieza a ser cuestionada por diversos e insospechados actores. El cambio avanza de a pocos. En primer lugar, el alcalde de Surquillo tuvo una interesante propuesta para despenalizar el consumo de la marihuana e inmediatamente se le tiraron encima como chacales todos los supuestos científicos pagados con dineros de los EE.UU. para defender su fracasada estrategia prohibicionista. Pero, ahí está la propuesta y proviene de una autoridad electa de la capital de la república.

En segundo lugar, nada menos que DEVIDA ha hecho explícito planes para una nueva política en el VRAE, que priorice el desarrollo agrario y disminuya el peso de los criterios militares para derrotar la alianza entre el narcotráfico y los remanentes de Sendero. No obstante lo compenetrada que se halla DEVIDA con los objetivos del gobierno norteamericano en materia de drogas, la declaración de su jefe institucional, Rómulo Pizarro, es reveladora del impase de una estrategia militar y policial para el VRAE.

Finalmente, la comisión de defensa del Congreso aprobó, en primera instancia, una resolución que alienta usos benéficos y alternativos de la hoja de coca, en un interesante esfuerzo por hallar alternativas rentables y alternativas a la droga, basadas en la misma planta de coca, que desde hace tantos siglos acompaña a las sociedades andino amazónicas.

Estos tres hechos son parte de reacciones positivas frente al fracaso de la estrategia prohibicionista alentada por los EEUU. Por su parte, algunas noticias internacionales apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, en Río de Janeiro un grupo de notables latinoamericanos firmó una resolución llamando a desarrollar nuevos paradigmas con relación a las drogas. Entre las personalidades destacaban algunos ex presidentes como Fernando Enrique Cardoso y grandes novelistas como Mario Vargas Llosa y Tomás Eloy Martínez. Esta declaración no alienta el consumo, sino que pide un enfoque de salud pública para enfrentar a las drogas, pasando de la prohibición absoluta y la represión policial judicial a un tratamiento vinculado a la salud.

Mientras tanto, en Viena se inició el 52 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. La Junta Internacional de Control de Estupefacientes es bastante dura e insiste tozudamente en la vieja estrategia. Ella ha argumentado que “La posición de la hoja de coca en la Lista I de la Convención de 1961 es clara: el consumo de hoja de coca sin la extracción previa de sus principales alcaloides activos, incluida la cocaína, a menos que sea con fines terapéuticos, está terminantemente prohibido”.

A contrapelo del informe de la JIFE 2008, el Presidente Evo Morales llevó a Viena una audaz propuesta: una carta dirigida al Secretario General de la ONU en la que plantea que “la masticación de la hoja de coca es una práctica ancestral y milenaria de los pueblos indígenas que no puede ni debe ser prohibida”, solicita la eliminación de dos incisos del Artículo 49 de la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961.

El debate internacional está lanzado, el procedimiento es largo y tedioso para atender la solicitud de Bolivia. Para encontrar una salida a este ciclo infernal de las drogas se requiere una estrategia integral. Este debe actuar desde los tres grandes flancos señalados: la producción, el consumo y el tráfico de las drogas. Para ello planteamos:

Por el lado de la producción, alentar el desarrollo humano sostenible, apoyando a la población, respetando las tradiciones y saberes locales, protegiendo la ecología, manejando los recursos naturales, fortaleciendo la institucionalidad social y pública promoviendo actividades económicas en base a la hoja de coca.

En segundo lugar, con respecto al consumo de drogas, sostenemos la despenalización de las drogas suaves –marihuana, entre ellas–, la des-satanización de las plantas dotadas de propiedades medicinales y/o “alteradoras de la conciencia”, la coca entre ellas.

Finalmente, con relación al tráfico ilícito de drogas (TID), aplicar inteligencia operativa para la ubicación y apresamiento de capos, firmas, banqueros y empresarios lavadores de dinero, sanciones fuertes –verificables– para autoridades policiales, militares, magistrados y políticos involucradas en delitos de TID.