El Perú tiene aproximadamente 7 mil kilómetros de línea de frontera con los países vecinos limítrofes que son Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile. Estos limitan con los departamentos de Puno, Tacna, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, siendo los departamentos de la amazonía los más aislados por la falta de conexión terrestre y otras dificultades de la naturaleza, y sobre todo por la indiferencia de los sucesivos gobiernos que no han hecho lo suficiente por llevar hasta allá la presencia del Estado a través de servicios básicos, como salud, educación, justicia, fluido eléctrico, otros.

Esto ha ocasionado la movilización de poblaciones hacia los países vecinos, por el alto costo de los alimentos de primera necesidad y la carencia de los servicios básicos.

Es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración (Art. 44 de la Constitución), sin embargo la mayoría de las zonas de frontera del país presentan una situación de extrema pobreza, alto grado de marginalidad y ausencia del Estado en apoyo de las comunidades campesinas y nativas, planteando para ellas una situación de vulnerabilidad frente a las iniciativas y presiones sociales, económicas y culturales originadas en los países limítrofes.

Nuestro país ha desarrollado una política de fronteras escasamente consistente. Por un lado, hemos reclamado extensas zonas y desarrollado arduas disputas con los países vecinos. Algunas veces hemos ganado algún territorio y la mayoría de las veces hemos perdido. Pero, a continuación, una vez obtenido algún espacio fronterizo, lo hemos abandonado a su suerte y/o entregado a intereses extranjeros. Se trata de una gran paradoja, somos una nacionalidad que se siente víctima si pierde algún territorio, pero que luego olvida a quienes viven en esa frontera que le significa tanto.

CASO PURÚS

Los diversos acuerdos firmados por el Perú para fortalecer las relaciones bilaterales, debido a que estas poblaciones ejercen un papel importante para el intercambio e integración con las naciones vecinas, no han servido de mucho, pues las llamadas fronteras ‘vivas’ no cuenta con una política eficaz de desarrollo fronterizo.

44 de 50 familias de Cantagallo emigraron al Brasil Este centro poblado fue levantado hace nueve años para conformar las llamadas Fronteras Vivas que el gobierno en ese entonces propició mediante un programa de apoyo al repoblamiento fronterizo. Incluso se levantaron viviendas, postas médicas, escuelas y un campamento para el ejército peruano. Pero conforme pasó el tiempo solo ha quedado el campamento del ejército peruano denominado UMAR 3, el cual se dedica a cuidar la frontera en medio de la enmarañada selva. La infraestructura educativa está en muy mal estado, de igual modo la posta médica no cuenta con personal ni los medicamentos para tratar las distintas enfermedades endémicas. Cantagallo es una zona fronteriza con Brasil. En el lugar, hace nueve años, se establecieron 50 familias; sin embargo hoy sólo quedan seis. La mayoría se trasladó al lado brasileño debido a que allí obtienen más apoyo de sus autoridades. (Fuente: Enlace Nacional)

Por ejemplo, en estos días, la población de Purús emigra a Brasil porque sigue aislada del resto del Perú. Purús es la punta que sobresale del Perú hacia el este, está atravesada de ríos que pertenecen a la hoya del Amazonas y que corren hacia el Brasil. Ha sido disputada diplomáticamente en forma bastante intensa, tanto con el Brasil como con Bolivia. Finalmente, hemos ganado lo que tenemos, esa punta de selva densa cruzada de agua. Lamentablemente no tiene comunicación terrestre ni fluvial con la región Ucayali a la que pertenece. Además, los vuelos de acción cívica han sido suspendidos en octubre del 2008, lo que agudiza el aislamiento de esta población fronteriza.

La suspensión de los vuelos se debe a la falta de financiamiento ofrecido por el Ministerio de Economía y Finanzas para subvencionar parcialmente el costo de vuelos de acción cívica Pucallpa-Puerto Esperanza (capital de Purús). Esto viene ocasionando el sobrecostos de los alimentos y combustibles.

El alcalde de la provincia de Purús, Emilio Montes, denunció la migración de muchos pobladores indígenas de su provincia hacia Brasil, debido al alto costo de vida en su jurisdicción. Actualmente, el centro de salud de Puerto Esperanza sufre de escasez de medicina básica y no se pueden realizar operaciones quirúrgicas de ningún tipo.

Según el Mapa de Pobreza de FONCODES de 2006, Purús figura dentro del quintil de los Más Pobres. El 72% de la población es rural y el 81% pertenece a diversas comunidades nativas; el 38% de la población es menor de 12 años. La escasa inversión en servicios públicos se refleja en cifras como: 99% de la población no cuenta con servicio de agua y el 75% no tienen electricidad, la mortalidad infantil asciende a 64 por mil y el 39% de niños presenta desnutrición infantil crónica. Asimismo, el 30% de la población femenina es analfabeta.

La economía es fundamentalmente de autoconsumo y trueque y la difícil accesibilidad a la zona genera un alto costo para los productos de pan llevar y para el combustible, que son transportados desde Pucallpa.

En esta zona las comunidades nativas representan el 81% de la población (2,829), los niños de estas comunidades no cuentan con las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo (desnutrición crónica y frecuencia de enfermedades asociadas a la baja calidad del agua). La educación que reciben no responde a la realidad local y, concluida la etapa escolar, los jóvenes no están en condiciones de incorporarse a la dinámica social y económica externa a la comunidad nativa.

En nuestros 81 distritos de frontera, que constituyen el 26% del territorio nacional, especialmente aquellos situados en la selva, los lugareños se tienen que movilizar hacia ‘el otro lado’ para poder acceder a un trabajo, centros de salud, escuelas y comercio. Somos testigos como en algunos casos estos peruanos reciben atención en servicios básicos de parte del país vecino que los acoge.

Todo esto es muy preocupante; pero cabe otra alerta, la de prever la inseguridad de nuestra zona fronteriza amazónica, lugar en el que se puede percibir con mayor dolor ese abandono del Estado. No es novedad que esta situación sea aprovechada por las tropas de las FARC, los productores ilegales de coca –alimentados por la demanda del narcotráfico–, aquellos que depredan nuestros bosques y degradan nuestros ecosistemas y los que se apropian informalmente de tierras para cultivos.

Es deber del Estado velar por el crecimiento y desarrollo de estos pueblos, incluyendo en la agenda política y económica la integración de los ciudadanos que se encuentran “al otro lado”, pero que tienen iguales derechos que los que vivimos de este lado de nuestro país.