El año 2008, el Congreso y el Poder Ejecutivo agredieron a los pueblos amazónicos con un paquete legislativo atentatorio de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. La misma selva y el bosque se han puesto en peligro, al alentarse desde el gobierno una sobre explotación con un esquema depredador. La tala de bosques, la explotación de petróleo y de otros minerales han sido priorizados y se viene una ola de saqueo de recursos.

Pero, el año pasado un conjunto de movilizaciones obligó al gobierno a negociar. En esas conversaciones, los representantes gubernamentales acordaron derogar los decretos 1020, 1064, 1080, 1089 y 1090 , juzgados como los más graves de una concepción tendiente a rematar la selva como si no hubiera una sociedad y un bosque, establecidos allí desde hace mucho y verdaderos dueños del lugar.

Últimamente, los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) de diversas organizaciones de pueblos indígenas amazónicos han retomado las movilizaciones que fueron suspendidas al alcanzarse el acuerdo de revisión del cuestionado paquete legislativo.

Esta movilización es parte de un proceso iniciado en mayo del 2008. En esa fecha, los líderes de las comunidades amazónicas, conocidos como apus, evaluaron 100 normas legales promulgadas por el Congreso y el Ejecutivo. En esa reflexión, establecieron que 94 normas abordaban aspectos amazónicos. Asimismo, los apus informaron que 34 de estas normas violaban derechos ancestrales y que significaban depredación de la amazonía y una amenaza para la vida de sus habitantes.

A partir de ese momento, se han sucedido movilizaciones que tuvieron su punto más alto en agosto del 2008. En esos días, se alcanzó un profundo estado de rebeldía contra el Estado. Los indígenas amazónicos paralizaron sus actividades normales y se concentraron en diversos puntos para darle fuerza a su demanda. Fue entonces que el Congreso se avino a conversar y prometer que derogaría las normas más cuestionadas.

Incluso el parlamento formó una comisión revisora, presidida por la congresista Gloria Ramos, que adoptó el acuerdo de solicitar al pleno su derogatoria. Pero, el presidente del Poder Legislativo, Javier Velásquez Quesquén, no lo ha puesto en debate. De este modo, se ha mecido a los pueblos amazónicos. Se los ha paseado por los corredores del poder para engañarlos y hacerlos creer que se respetarían sus reclamos.

Por el contrario, en estos meses, el gobierno ha emitido una ley adicional que también es juzgada atentatoria de los derechos indígenas en la amazonía. Se trata de la ley 29317, que recoge normas que estaban presentes en el decreto 1090, severamente cuestionado por los indígenas. Ese decreto recibió el nombre de ley forestal y es considerado atentatorio porque ordena un procediplimiento para explotar un bosque que se asume virgen, pero no lo es, ahí habita gente que tiene una relación especial con su entorno y que no puede ser alterado sin su consentimiento.

CUMBRES AMAZÓNICAS

Las demandas de los pueblos indígenas de la amazonía giran en torno a 4 puntos que surgen de las cumbres amazónicas. En primer lugar, quieren que la Constitución política del Estado sea modificada, restableciendo el principio que prohíbe la venta de los territorios indígenas. A continuación, buscan que se deroguen los decretos legislativos mencionados, considerados atentatorios de derechos colectivos como comunidades amazónicas.

Luego, los pueblos amazónicos demandan que el Estado cumpla dos normas internacionales. Una clave es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, donde estas consideraciones se establecen para todo el mundo. El gobierno peruano no quiere cumplir adentro lo que firma afuera obligado por el consenso internacional. Por eso se exige una cuarta demanda, pidiendo que se emita una ley que haga obligatoria la consulta previa antes de cualquier decisión de concesiones o adjudicaciones en tierras de indígenas. La Organización Internacional de Trabajo a través de su resolución 169 ha establecido el principio de la consulta previa, que se solicita sea refrendado por una ley peruana.

MOVILIZACIÓN PERMANENTE

Desde el 9 de abril del presente, los pueblos indígenas se han declarado en movilización permanente por la defensa y protección de sus territorios. El motivo de esta protesta es el incumprocediplimiento en la derogatoria de los decretos legislativos ya mencionados a la que se comprometió el Parlamento a través de la comisión multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas del Congreso.

Esta última movilización ha convocado a 1,350 comunidades de la Amazonía de pueblos originarios de Bagua (Amazonas), Yurimaguas, Iquitos (Loreto), Puerto Maldonado (Madre de Dios), Satipo (Junín) y Pucallpa (Ucayali).

¿Qué demandan los indígenas?: la reforma constitucional para reintegrar los conceptos inalienables, inembargables e imprescriptibles de sus tierras; el reconocimiento y titulación inmediata de las comunidades nativas, reconocimiento de la propiedad colectiva de sus territorios; titulación de las comunidades nativas cuyas tierras se encuentran dentro de las Áreas Naturales Protegidas; ampliación del ámbito del Parque Nacional Muja sobre territorios ancestrales Awajún, excluidos para favorecer a empresas mineras e hidrocarburíferas en el Cenepa.

Además, solicitan al gobierno la derogación de las normas que autorizan los TLCs con los Estados Unidos, Unión Europea y Chile, en la medida en que atentan contra los derechos territoriales indígenas, la propiedad intelectual de los conocimientos colectivos y pone en peligro la biodiversidad amazónica

De este modo, pasada la euforia de la sentencia a Alberto Fujimori, el país se vuelve a encontrar con su realidad social. Un país desgarrado por contradicciones, donde el gobierno protege a todo negociante a costa de los derechos ancestrales de la población a vivir libre y felizmente en su territorio.