De acuerdo a la legislación latinoamericana vigente durante décadas, las formas de vida no eran susceptibles de ser patentadas. Se asume que sólo se puede patentar aquello que reúne tres requisitos esenciales: primero, ser fruto de la inventiva; segundo, tener aplicación industrial; y tercero, ser una novedad.

De acuerdo a estos principios, se asumía que cualquier forma de vida no era patentable porque no era fruto de la inventiva, sino producto de la naturaleza. De este modo, la legislación internacional respetó ese principio por muchos años hasta que dos casos célebres modificaron ese principio. Se trató de dos compañías, una norteamericana y la otra europea. Ambas sostuvieron que no habían creado pero que habían aislado el gen, el principio activo, de una forma de vida. Sobre la base de ese argumento sostuvieron que sí había inventiva, porque efectivamente habían aislado algo esencial que antes no estaba así y que era capaz de ser aplicado, dando origen a los transgénicos por ejemplo.

Sobre la base de esos dos casos, se modificó la legislación de los países del Primer Mundo. Allí, se ha empleado extensamente para fundamentar los derechos de la ingeniería genética y multitud de aplicaciones a la medicina.

Pero, en el Pacto Andino (PA), la posibilidad de patentar formas de vida no había sido nunca aceptada. El PA se venía manteniendo en la postura tercer mundista histórica de no permitir que se patentara algo vivo. Por ello, levantó mucho polvo la propuesta de Perú para adecuarse al Tratado de Libre Comercio con los EEUU y aceptar la patentabilidad de formas de vida.

Bolivia protestó y Ecuador buscó una salida aceptando ese nuevo modo de enfocar el universo de patentes, pero solamente dentro del Perú. Es decir, Ecuador obtuvo una salida diplomática manteniendo el antiguo principio y aceptando su modificación solo para el Perú. Así se salvó el PA alrededor de este punto, constatando su fragmentación.

Una vez obtenida la posibilidad de patentar formas de vida, el Perú ha modificado también su legislación para hacerla más permisiva en una serie de asuntos conexos. Nuestro país ha rebajado el nivel de exigencia para dos certificados claves. Ellos son los certificados de origen y de conocimientos tradicionales. Esos certificados antes eran obligatorios para poder patentar y aseguraban que los países y pueblos indígenas tenían que dar su consentimiento a la patente. Ahora no lo son. Si no los tienes, pagas una multa y obtienes la licencia. Con esa simple media, el Perú ha anulado toda protección a la vez que abre su mercado para patentes.

El resultado será obvio. En las próximas décadas, toda la biodiversidad peruana será patentada por empresas extranjeras que disponen de dinero y laboratorios para aislar genes, actividad que es difícil de realizar desde el Perú. El resultado será que nosotros tenemos la vida, sabemos cómo procesarla y los beneficios serán para otros. Gracias al perro del hortelano del presidente García.