La economía amazónica se centra principalmente en los sectores primarios y terciarios. Solo el 6.3% de su PBI corresponde a manufactura y 6.6% a la construcción. Su escasa producción industrial se concentra en la refinería de Iquitos y en algunas empresas agro-industriales, asociadas con el café, la madera y el arroz. El agro es uno de los sectores mas importantes para la población, pues emplea más del 30% de esta, y produce 10% del PBI; mientras que el sector minero de Madre de Dios, con la producción artesanal de oro en condiciones precarias, y los hidrocarburos de Loreto, generan 4.5% del PBI amazónico cada uno.

La actividad comercial y los servicios, son el sector económico más importante de la economía amazónica, siendo este muy variado. En ese sentido, debemos anotar que nuestras estadísticas nacionales, enfrentan los promedios, no la diversidad, factor importante al momento de pensar en una política sectorial adecuada.

En los departamentos amazónicos, más de una tercera parte de familias no viven en zonas urbanas (36%). En el caso del departamento de Amazonas, más de la mitad (56%) es rural, que en definición del INEI, corresponde a familias que viven en centros poblados de menos de 100 viviendas continuas. Los departamentos de Ucayali y Madre de Dios son relativamente menos rurales con 25% y 27%, igualmente superior al promedio nacional.

La condición rural y urbana es importante porque ref leja la dispersión productiva que se debe enfrentar y las dificultades para dotar de servicios públicos básicos, a las familias. Veamos cómo es la asignación de recursos públicos para la Amazonía, el principal instrumento para una política de desarrollo orientada desde el Estado.

GASTO PÚBLICO EN LA AMAZONÍA

El gasto público para el 2009 en los cinco departamentos de la Amazonía, asciende a 4,591 millones de soles; esto representa alrededor del 6% del gasto público a nivel nacional. Del total programado, el 39% deberá ser utilizado en proyectos de inversión o adquisición de activos no financieros. Un neo-liberal podría decir que la suma es adecuada, en primer lugar porque es bueno mantener el gasto público bajo, teniendo poco Estado y dejando al mercado funcionar libremente; en segundo lugar, como es baja la recaudación de recursos fiscales en la Amazonía, por la baja actividad económica y por algunas exoneraciones tributarias, entonces le corresponden pocos recursos para cubrir los gastos en educación, salud y promoción del desarrollo.

En realidad, el gasto público en los departamentos de la Amazonía es poco. La asignación de gasto por persona es menor en esta zona que en el resto del país, y mucho menor si consideramos las dificultades de conectividad de esta parte del país y el alto grado de dispersión que existe entre las comunidades. La Amazonía parte de una situación desventajosa, menor infraestructura, menos servicios de salud, de educación, altos costos para superar las barreras naturales y una mayor, pero necesaria, regulación ambiental por la presencia de riquezas naturales. Sin embargo, la asignación de recursos deja todas estas limitaciones y solo mira las restricciones de la caja fiscal.

TRIBUTACIÓN DE LA EXONERACIÓN AL INCENTIVO

La Amazonía terminó los noventa con una norma particular, la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía (Ley 27037), vigente desde el 1 de enero de 1999. El objetivo de la norma fue el “desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada”.

Las condiciones establecidas por Ley 27037 han sido fiscales y tributarias, estas últimas con vigencia por 50 años, a continuación las detallamos:

Inversión Pública: Destinar a la Amazonía no menos del 10% del gasto de capital anual de los Ministerios de Agricultura, Pesquería (hoy en Producción), Educación, Salud, Energía, Transportes y Vivienda. Así mismo, se creó el Fondo de Promoción de la Inversión de la Amazonía (FOPRIA).

Impuesto a la renta de las empresas: Establece una tasa de 5% y 10% para las actividades agropecuarias, acuicultura, pesca, turismo y extracción forestal, así como los procesos de transformación que se desarrollen asociados con los mismos. El mismo beneficio se extiende a las actividades comerciales que reinviertan sus utilidades en las actividades promovidas. Para los casos que se trabaje con cultivos nativos y/o alternativos se define una exoneración total.

Impuesto General a las Ventas: Son exoneradas las transacciones para el consumo local, los servicios locales y los contratados de construcción o primera venta de inmuebles. En el caso de las actividades agropecuarias, acuicultura, pesca, turismo y extracción forestal, que realizan transacciones al exterior de la Amazonía recibirán un crédito entre 25% y 50% del ingreso bruto mensual.

Impuestos al gas, petróleo y derivados: Los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios quedan exonerados del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

Impuesto Extraordinario a los Activos: Las empresas en la Amazonía quedan exoneradas de esta obligación. Desde su promulgación, se han realizado modificaciones buscando eliminar las exoneraciones, en las ventas y el selectivo al consumo, en el marco de una definición de recursos públicos para la amazonía. Las principales son las siguientes dos leyes:

1. Ley de Inversión y desarrollo de la Región San Martín y eliminación de exoneraciones e incentivos tributarios (Ley 28575), del 6 de julio 2005. Elimina las exoneraciones tributarias relacionadas con el Impuesto General a las Ventas; además, recorta al 2012 la vigencia del crédito fiscal por IGV para transacciones fuera del departamento. Además, define una transferencia no menor de 45 millones anuales para inversiones públicas en el departamento.

2. Decreto Legislativo que establece la Entrega a los Gobiernos Regionales o Locales de la Región Selva y de la Amazonía, para aversión y gasto social, del integro de los recursos tributarios cuya actual exoneración no beneficia a la población (DL 978- 2007), del 15 de marzo 2007.

Esta ley establece un programa de reducción inmediata y uno gradual (aplicado desde enero 2009).

También define una asignación presupuestal para gobiernos regionales y locales correspondientes a cada exoneración eliminada.