En los últimos años, mucho se ha escuchado acerca de las implicancias sociales, económicas y ambientales que trae consigo la problemática del Cambio Climático. El Perú no es ajeno a este problema, ya que se han registrado situaciones que pueden ser atribuidas al Cambio Climático, como la retracción de los glaciares y la consiguiente disminución de la disponibilidad del agua, la modificación de los patrones de lluvias, así como el aumento del número de emergencias ocasionadas por eventos meteorológicos extremos, entre otros.

A pesar de ser un problema que aquejará a la gran mayoría de peruanos -de ésta y futuras generaciones-, pocas han sido las acciones que se han desarrollado desde el gobierno central, regional y local para hacer frente a este fenómeno.

Desde 1993 el Perú es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en condición de país no industrializado, en cuyo contexto no tiene compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, tiene la obligación de reportar las emisiones producidas en su territorio, así como de dar cuenta de las iniciativas nacionales para reducir las mismas.

En cumplimiento de la Convención, se creó la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), la cual elaboró la Estrategia Nacional de Cambio Climático, aprobada el año 2002, con el objetivo de reducir los impactos adversos al cambio climático a través de estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación, y actuando sobre la emisión local de gases de efecto invernadero. Asimismo, se creó el Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el Cambio Climático y la Contaminación del Aire (PROCLIM).

El rol rector en la implementación de la Convención sobre Cambio Climático lo tiene actualmente el Ministerio del Ambiente (MINAM). Sin embargo, la iniciativa de los gobiernos descentralizados es decisiva para emprender acciones efectivas de prevención dentro de cada ámbito. Algunos gobiernos regionales, como el de Junín, han avanzado al elaborar estrategias regionales para el Cambio Climático, y otros lo vienen haciendo, como la Provincia Constitucional del Callao y los gobiernos regionales de Piura y Cajamarca, lo que constituye un paso importante y necesario.

ESTRATEGIA NO IMPLEMENTADA

No obstante que el Perú cuenta con una Estrategia Nacional sobre Cambio Climático aprobada como política el año 2003, su implementación ha sido muy escasa. Pero, en particular en el tema de la adaptación al cambio climático que implica el diseño de políticas, programas y proyectos orientados al desarrollo de capacidades para adecuarse a dichos cambios, los avances son casi nulos. Este poco avance será evidenciado en la Segunda Comunicación a la Convención Marco de las Naciones Unidas, cuya elaboración - a cargo del Ministeriodel Ambiente - avanza muy lento.

Lo propio ocurre con la actualización de la Estrategia Nacional que debe alimentarse de ella. En ambos procesos el Ministerio ha obviado la indispensable participación de las organizaciones de la sociedad civil. Una consecuencia lamentable de lo anterior es que en el Perú las políticas públicas para adaptación al cambio climático son escasas o inexistentes y, por consiguiente, el presupuesto asignadoa este fin – en el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales – también lo es. Esta realidad contrasta con el creciente reconocimiento de la importancia de impulsar la acción del Estado (y de las organizaciones de la sociedad civil) para hacer frente a los efectos del cambio climático).

Sin embargo, lo anterior no significa que en materia de adaptación al cambio climático estemos en cero, pues el Ministerio de agricultura, los gobiernos regionales y los gobiernos locales (y los propios campesinos) desde hace muchos años realizan inversiones en conservación de suelos, reforestación, irrigaciones que bien concebidas, pueden contribuir a la adaptación al cambio climático.

PRESUPUESTO PÚBLICO

El Grupo Propuesta Ciudadana ha estimado el presupuesto público atribuible a la adaptación al cambio climático en el Perú, en su estudio “Cambio climático y presupuesto público en el Perú de Mayo de 2009. El Presupuesto de apertura atribuido a la adaptación al cambio climático en el Gobierno Nacional y en los gobiernos regionales para el 2009, se estima en S/. 1,198 millones y representa el 2.9% respecto del Presupuesto no Financiero ni Provisional. De este monto total, el 54% corresponde a los gobiernos regionales. En los gobiernos regionales de Cusco y Piura el presupuesto atribuible al cambio climático alcanza a 8% y 5%, respectivamente.

El eje temático con mayor presupuesto es el de Gestión de Recursos Hídricos y representa el 60% del total estimado, dentro del cual destaca a su vez los recursos destinados a infraestructura de riego (S/. 644 millones); le siguen en importancia las Tecnologías de Adaptación con 16%; la Gestión del riesgo con 8%; la Reforestación con 7%, tal como se observa en el cuadro adjunto. En el eje de Recursos hídricos – que cuenta con mayores recursos presupuestales - se desarrolla principalmente proyectos de infraestructura de riego con la finalidad de incrementar la oferta de agua para la actividad agropecuaria.

Sin embargo, estos proyectos – en particular los grandes proyectos de riego en los valles de la costa - ponen excesivo énfasis en la construcción de infraestructura y dan poca importancia al tema de la eficiencia en la gestión del agua a nivel de parcela agrícola, teniendo por lo tanto pérdidas de agua, procesos de salinización, erosión de suelos, entre otros problemas, causados por el uso de prácticas inadecuadas de riego o el manejo de cultivos muy demandantes de agua – como el arroz – en los valles de la costa donde este recurso es escaso. Una revisión de la estimación - retirando este tipo de gastos en proyectos que no aportan a la adaptación al cambio climáticoarrojaría una cifra inferior en al menos un 30% del indicado.

Frente a este escaso avance en la definición de políticas públicas y presupuesto en materia de cambio climático, sostenemos que el Ministerio del Ambiente debería liderar en coordinación con el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales, la implementación de una estrategia para enfrentar a los efectos del cambio climático, focalizando su accionar en las regiones con poblaciones más vulnerables a estos cambios. El Estado debería, de un lado, reconocer y valorizar las prácticas existentes en los ecosistemas andinos donde predomina el policultivo, alta biodiversidad, limitado uso de insumos externos, tecnologías de cosecha de agua y, del otro, desarrollarlas mediante la investigación y la implementación de programas y proyectos de inversión que amplíen su alcance. La reforestación en las zonas alto andinas con variedades nativas, la elaboración de un programa nacional de cosecha de agua, el pago por servicios ambientales son, entre otras, propuestas que esperan decisión política.